La metodología del desguace del Estado

Publicado el 3 septiembre, 2019 a las 11:11 pm Ningún comentario

Romel Jurado Vargas

El acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios públicos son las formas en que los derechos de los ciudadanos se concretan en el día a día.

Si esos servicios se deterioran, pierden cobertura poblacional o geográfica, si su calidad disminuye o si se desmontan, la consecuencia es que los derechos se erosionan, dejan de ser ejercidos por un gran número de personas y los únicos que pueden ejercerlos a plenitud son los que tienen dinero o un determinado estatus burocrático.

Pensemos por ejemplo en la educación pública, en la salud pública, en la seguridad pública, en la protección jurídica pública. Cada día que pasa la calidad y la cobertura de estos servicios prestados por el Estado decrece y desmejora, precisamente por las decisiones y acciones que realizan las autoridades públicas.

Esta situación hace que las personas que tienen recursos propios dediquen buena parte de ellos a pagar educación privada, salud privada, seguridad privada, protección jurídica privada.

Así, cuando los servicios públicos se privatizan dejan de concretar derechos y pasan a configurarse como privilegios.

Y todos sabemos que, mientras los derechos los ejercen todas las personas, los privilegios solo pueden ejercerlos quienes tienen cierto “estatus” o el dinero para pagarlos.

Si hablamos de estatus tenemos los privilegios, por ejemplo, de los funcionarios públicos del jerárquico superior, igual que los diplomáticos y oficiales de alto rango en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que pueden usar vehículos, aeronaves, barcos para realizar su trabajo e incluso sus actividades privadas, tienen precios preferenciales y subsidiados por el Estado para adquirir bienes o servicios de todo tipo, tienen regímenes privilegiados de jubilación tanto por tiempo como por el monto de la pensión de retiro, etc. Pero los demás ciudadanos no tenemos nada de eso.

Si hablamos de dinero, los privilegios a los que acceden las personas están directamente relacionados con la capacidad adquisitiva de cada familia. Por ejemplo, la calidad del privilegio de educar a los hijos en colegios privados, es decir la calidad de la educación, será mayor o menor dependiendo de si se puede pagar un colegio barato, caro o muy caro.

Si no tiene dinero, usted no podrá acceder al privilegio, y por lo tanto tendrá que conformarse con una educación pública que sus gobernantes -intencionalmente- han vuelto de pésima calidad y mala cobertura.

Pero ¿por qué lo hacen? ¿a quién le conviene que los servicios públicos pierdan todos los días calidad y cobertura? La respuesta es simple, los beneficiarios del deterioro de los servicios públicos son los prestadores privados de esos mismos servicios.

Las universidades, colegios y escuelas privadas pueden aumentar su número de clientes y los precios de su servicio en la medida en que la educación pública sea cada vez de peor calidad. Lo mismo pasa con las empresas de telecomunicaciones privadas, los hospitales privados, los servicios jurídicos privados, la seguridad privada y un largo, largo etcétera.

Por esa razón las grandes empresas que proveen servicios que también provee el Estado quieren matar o dejar raquítico a su mayor competidor: las instituciones que prestan servicios públicos.

A continuación, se describe la metodología general con la que las multinacionales y las grandes empresas promueven el desguace del Estado.

Paso 1: colonizar los puestos de decisión de las instituciones públicas

Si la máxima autoridad del Estado tiene un historial de trabajo o negocios en el sector privado que presta el mismo servicio que ofrece la institución que dirige o servicios afines, entonces esa institución, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos están en serio riesgo de perderse o al menos de degradarse en el corto plazo: se ha puesto al lobo a cuidar de las ovejas.

Paso 2: desatender intencionalmente las competencias institucionales

La ley define las competencias que tiene cada institución pública y la atención de esas competencias conforma la agenda institucional, es decir, establece los asuntos que deben ser atendidos por la institución estatal por mandato de la ley.

Lo que suele suceder es que, aprovechando la opacidad creada alrededor de la institución pública o alegando falta de recursos económicos o falta de conocimiento, la máxima autoridad decide no hacer nada con relación a una o varias competencias institucionales, promoviendo así la idea de que su institución no cumple su misión y que, por lo tanto, es onerosa y poco útil para los ciudadanos.

Paso 3: no definir con claridad los servicios públicos y las prestaciones específicas que recibirán los ciudadanos

Todas las competencias institucionales deben transformarse en bienes o servicios públicos que la entidad estatal les ofrece a los ciudadanos como forma de concretar sus derechos en la vida cotidiana. Cuando los servicios públicos no están concebidos para satisfacer derechos, es decir, para cumplir a cabalidad con las competencias institucionales establecidas en la ley, estos servicios y sus prestaciones específicas se convierten en meros actos burocráticos que gastan recursos públicos y nunca o casi nunca son útiles a los ciudadanos.

Un ejemplo puede ilustrar este punto: una empresa privada de telefonía celular le cobra, de manera equivocada y por débito automático, 10 dólares al 15% de sus seis millones de usuarios por un servicio que no contrataron y el problema llega a conocimiento de la Defensoría del Pueblo.

Si el servicio defensorial estuviese bien diseñado, la Defensoría del Pueblo se comunicaría con el gerente general de la telefónica para pedirle una remediación inmediata para los 900.000 usuarios afectados, así como el reintegro del dinero injustamente cobrado y denunciaría el hecho a la ARCOTEL para que sancionen a esta empresa y extreme los controles hacia ella en el futuro.

Tal como está diseñado el servicio público actualmente, el ciudadano llega a la Defensoría del Pueblo con la queja y el funcionario que lo atiende le explica que el procedimiento para solucionar su reclamo es: a) que el propio ciudadano es quien tiene que hacer el reclamo a la empresa; b) si la empresa no le hace caso en 15 días puede dirigir su reclamo a la Agencia de Control de las Telecomunicaciones; c) si la agencia no atiende el reclamo, un funcionario de la Defensoría del Pueblo lo acompañará para hacer una gestión oficiosa ante la telefónica; y c) si esto no resulta, el ciudadano debe contratar un abogado y enjuiciar a la empresa que le perjudicó.

Es evidente que el servicio público defensorial para la atención de quejas de los consumidores de servicios domiciliados de telefonía, no está diseñado para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, ni para que la Defensoría cumpla sus competencias. Está diseñado para que los ciudadanos piensen en lo injustificado que es tener a empleados públicos, pagados con recursos públicos, que le someten a un trámite burocrático absolutamente ineficaz, inútil, largo y costoso para, al final, garantizar la indemnidad a la empresa de telefonía que le realizó un cobro indebido a cientos de miles de usuarios[1].

Paso 4: volver ineficientes los servicios públicos y las prestaciones que tienen un desempeño mediano, bueno y muy bueno

Esto es muy común en los sectores de salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, servicios ambientales, explotación de recursos no renovables y energía.

Las medidas más comunes para alcanzar la ineficiencia de forma rápida son: a) despedir a todos los funcionarios que sea posible, empezando por aquellos que creen en la necesidad, el derecho y el deber de que existan los servicios públicos que presta su institución y que estos sean de la mejor calidad posible; y, b) entorpecer y retardar por algunos meses el flujo de recursos desde el Ministerio de Finanzas hacia la institución que es eficiente.

Los problemas en el flujo de recursos provocan que no se pague oportunamente a los proveedores, así se deja de tener muchos de los insumos que se requiere para realizar su trabajo y, consecuentemente, las prestaciones públicas pierden regularidad, cobertura y calidad, lo cual provoca la queja y el descontento de los ciudadanos que estaban acostumbrados a prestaciones oportunas y de buena calidad.

Como los recortes del personal más comprometido con la eficiencia del servicio público y el retardo de meses en la entrega de recursos les impide a las instituciones ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado, el siguiente año solo reciben los recursos que la institución pudo ejecutar en el año anterior, lo cual aumenta la escasez y los problemas de la institución.

Problemas que se ven enfatizados porque otra vez el Ministerio de Finanzas no transfiere oportunamente los recursos prometidos. Así, en dos años, lo que era eficiente luce patológicamente burocrático e inútil y es más fácil

 convencer a los ciudadanos de que lo mejor es desaparecer esos “ineficientes servicios públicos”.

Paso 5: posicionar en la mente de las personas que el Estado es el peor gestor posible y que las empresas privadas siempre son más eficientes para prestar todo tipo de servicios

Los voceros políticos, los voceros institucionales, los voceros de las cámaras de empresarios difunden constantemente, a través de los medios de comunicación afines a ellos,  la idea de que el Estado es obeso e ineficiente y que la solución para este problema es simple: a) hay que forzar a adelgazar al Estado, es decir, hay que despedir personas; y, b) hay que trasladar las competencias de las instituciones públicas a las empresas privadas, es decir, hay que privatizar los servicios públicos que sean lucrativos.

Por otro lado, los prejuicios y complejos sociales nos empujan a creer que las prestaciones privadas de servicios masivos son de mejor calidad y más eficientes, aunque la experiencia nos ha dado claras muestras de que no siempre es así, como por ejemplo lo demuestran la crisis bancaria de 1999, el mal servicio de las empresas privadas de telefonía celular, el criticado servicio de las empresas de transporte o los costos excesivos e injustificados de la educación privada.

A esto se suma el complejo de creer y recrear la idea de que solo los perdedores y los pobretones usan los servicios públicos. Como si usar los servicios públicos llevase implícito que las personas se conviertan en ciudadanos de segunda o tercera categoría, cuando en realidad es todo lo contrario: la ciudadanía pasa por defender lo público para ser tal.

La ausencia de lo público implica la ausencia de ciudadanía, implica la proliferación del vasallaje al dinero y el sometimiento a los que lo tienen.


[1] La Defensora del Pueblo, Gina Benavides, demostró en 2018 que se podía actuar de manera diferente y proteger los derechos de los ciudadanos cuando consiguió que los bancos devolvieran masivamente el dinero cobrado a los usuarios en instituciones financieras que les debitaron por seguros que nunca contrataron. Ver: https://www.dpe.gob.ec/audiencia-publica-por-cobros-indebidos-por-parte-de-entidades-bancarias-conto-con-la-presencia-de-todas-las-entidades-de-control-financiero/

 

 

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